El comunicado emitido por la Federación Española de Fútbol (RFEF) este martes en el que denuncia varias situaciones sobre la nueva liga profesional de fútbol femenino, complica aún más los acuerdos para respaldar el espectáculo, que sigue sin fecha de inicio ni condiciones.
Por un lado, el texto describe que a lo largo de la jornada de ayer se recibió una comunicación del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la que, de acuerdo con la legislación vigente y tal y como defendía el ente federativo, instaba a una reunión a la Liga profesional de Futbol Femenino (LPFF), al sindicado mayoritario (FUTPRO) y a la RFEF para alcanzar los acuerdos oportunos sobre la puesta en marcha de la nueva competición profesional femenina en lo relativo a las jugadoras extracomunitarias. De momento en Europa la RFEF ha anunciado que solo pueden inscribir dos jugadoras.
Además de esto, está lo que respecta al sorteo, en el que la RFEF se mantiene a la espera de la resolución del CSD sobre las competencias para la escogencia del calendario de la competición, pese a que la RFEF ha llevado a cabo todos los sorteos de las categorías del fútbol nacional tanto profesionales como no profesionales, por lo que se espera que sea a finales de esta semana cuando debería haber resolución del propio CSD.
En lo que respecta a la bases de la competición, el apartado más polémico y de mayor discrepancia, parece haber más cercanía ya. Sin embargo, la RFEF cuestiona que la liga no tendría las competencias para aprobar tales estatutos y se oscurece de nuevo el panorama, puesto que ambos entes aseguran que se establecieron en dicho acuerdo unas competencias públicas delegadas que no ostenta, con las consecuencias de todo orden que esto puede acarrear. Al parecer, según la RFEF, la LPFF aprobó estas normas en dos Asambleas a las que no se convocó con arreglo a Derecho a la RFEF, por lo que serán impugnadas, al ser contrarias a la ley española y las normas de la UEFA y de la FIFA.
Esta nueva ilegalidad de la LPFF va a ser inmediatamente puesta en conocimiento de UEFA y FIFA, ante el CSD y asimismo se ejercerán acciones pertinentes ante los órganos judiciales españoles.